Crónica de una Guerra Fallida contra el Narcotráfico en México (2006-2017)

El día 01 de diciembre de 2006, el Presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, toma protesta en el congreso de la Unión. Desde este momento empieza un análisis de la situación delictiva en el País, decidiendo en los primeros meses de su gobierno la introducción de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a las calles, por la basta criminalidad que operaba en diferentes áreas de la Nación.

Se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) y se dotó de vehículos y armamento, para combatir a la delincuencia organizada en la frontera de nuestro País con los Estados Unidos de América, principalmente en ciudad Juárez Chihuahua, lugar que es estratégico, ya que al cruzar la frontera, se encuentra la intersección de varias carreteras que conducen a los puntos más importantes del vecino País, facilitando el tráfico de drogas, armas y personas.

En aquel tiempo tenía el poder de la frontera, el cartel de Sinaloa, encabezado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, Alias “El Chapo Guzmán”, quien controlaba toda la franja fronteriza. Al momento de llegar la Policía Federal Preventiva, a las ciudades fronterizas se libraron batallas encarnizadas entre las células del cartel y los elementos, de PFP, dejando una cantidad enorme de personas fallecidas, entre ambos bandos. Al ver esta situación ingresa a la Armada Nacional y el Ejercito Mexicano a las calles con la intención de controlar la criminalidad, sin tomar en cuenta que al desarticular a las células principales, renacerían nuevas células delictivas, que habían trabajado para el cartel de Sinaloa y que ahora operarían por su cuenta.

Fueron días de masacres, en las que murieron inocentes y culpables, ya que los elementos castrenses y marinos, tienen una función específica, “SALVAGUARDAR LA SOBERANÍA NACIONAL” y están entrenados para matar, no para investigaciones exhaustivas.

El Presidente Felipe Calderón incorporó nuevas generaciones a la milicia, proporcionando mayor personal a las corporaciones, ordenando la detención de altos mandos de las Policías Estatales, en un acto desesperado por resolver los problemas del País, ya que se encontraba bajo la mirada de las Instituciones y la prensa Internacional, notando claramente que el País sufría grandes daños en el ámbito económico, ya que muchas empresas trasnacionales, abandonaron México, por la inseguridad.

Aunado a todo esto, nacieron células delictivas que operaron como traficantes, otros como extorsionadores, otros como sicarios, dándose un total descontrol y naciendo un monstruo de mil cabezas, ya que los servicios de inteligencia localizaban y ordenaban la detención de un cabecilla de las organizaciones y aparecían 3 o 4 células más.

En 2008, se reforma la constitución y se crea el consejo Nacional de seguridad, haciendo los acuerdos necesarios para que en un plazo de 8 años desaparecieran las Procuradurías de los Estados y que la federación tuviera un control total de la seguridad Nacional, generándose la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establecen los lineamientos que  deben seguir las policías, de acuerdo a sus funciones. Se establece que al momento de cambiar las procuradurías, se implementaría el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el cual se defenderá la presunción de inocencia del imputado y se actuará bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales, sustituyendo a los códigos estatales en gran parte de sus legislaciones.

Este cambio se trata de una pretensión de evolución de la justicia en nuestro País, sin embargo, a pesar del gran esfuerzo de llevar a cabo las legislaciones, la clase política mexicana, tiene el control de las dependencias, tiene el control del presupuesto para campañas electorales y tiene el control de la imposición de personajes, por compromisos políticos, que carecen de la preparación académica y experiencia en materia de seguridad. Personajes que han dañado  al País y que han estado y siguen inmersos en la delincuencia, que hasta el día de hoy controlan a través del Gobierno a las organizaciones delincuenciales, procurando beneficios económicos propios y que no han permitido el desarrollo del País.

Aunado a estos problemas y al ver que no se han obtenido los resultados deseados, se han hecho cambios de mandos altos y medios de las Instituciones de seguridad, insertando a las dependencias a personas que han tenido antecedentes de corrupción, de nexos con grupos delictivos y que bajo el agua operan a la criminalidad, en las ciudades y poblaciones urbanas y conurbanas. Este hecho nos da como resultado un descontrol total de la criminalidad y de las Instituciones de Seguridad, a nivel Nacional. Ya que no existe una carrera Policial, no hay beneficios para los elementos, al acaparar todos los recursos los altos mandos, dejando a los elementos sin pago de viáticos, sin pago de salarios justos y sin embargo con una gran carga laboral.

El día 7 de Marzo de 2015, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, llevándose a cabo un cambio sin la más mínima planeación, ya que la mayoría de los elementos que habían sido capacitados para dar inicio al Sistema Acusatorio, fueron dados de baja por presuntos nexos con la delincuencia y al no haber aprobado los exámenes de control de confianza, colocándose a la cabeza de las Instituciones a ex elementos de la Procuraduría General de la República que fueron dados de baja en el año 2002, así como elementos de la Policía del Estado de México, que llegaron a tomar el mando de las Instituciones.

A partir de 2015, se da un aumento de la criminalidad en el estado, un aumento en el delito de robo a casa habitación, a transeúnte, robo de vehículos con lujo de violencia y Homicidios dolosos al por mayor.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal, arranca de manera improvisada, sin una planeación mediante la observancia curricular necesaria, dejando a un lado la experiencia laboral y jurídica, dejando atrás el avance que se pretendía y llegando a un atraso de por lo menos 20 años en cuestión de justicia y respeto a los derechos humanos por parte de los nuevos mandos policiacos, los cuales obligaron a los elementos a actuar de forma antijurídica, violentando los derechos fundamentales de muchas personas.

A medida que avanza el nuevo sistema de justicia, se da la liberación de detenidos que por falta de pruebas contundentes y por los beneficios que proporciona el Sistema Acusatorio. En cuanto a medidas cautelares a personas que alegan errores en el proceso penal, errores o fallas en el control de detención, generándose una ola de libertades a reclusos que habían sido capturados por delitos como secuestro, homicidio y robo. Al llegar estas personas a las calles, regresaron a su antiguo oficio, ya que el sistema carcelario en nuestro País, carece de sistemas efectivos de reinserción social.

Aumenta la criminalidad, aumentan los homicidios, aumenta el descontento de la población y la credibilidad hacia las corporaciones de seguridad, por el bajo desempeño de las funciones. Destacando que muchos elementos de Policías realizan su labor y hacen detenciones, pero a consecuencia de la falta de capacitación, dejan puntos descubiertos, motivo por el cual al momento de realizar una puesta a disposición, los detenidos son puestos en libertad, dejando en estado de indefensión a las víctimas del delito y a los mismos policías, ya que son sometidos a procedimientos internos por faltas a la procuración de justicia.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE[1]) estima 23.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2015, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas para 2013 y 2014.

En promedio, en enero de este año cada día se registraron 62 casos de homicidio con 69 víctimas y cada hora entre dos y tres asesinatos.

En total, durante todo el sexenio de EPN el número de averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso asciende a 75 mil 475. Esta cifra es casi 20 por ciento superior frente a los 63 mil 94 homicidios registrados en el mismo periodo de la administración presidente Felipe Calderón.

Es decir, en la administración actual se han cometido 12 mil homicidios más en comparación con el sexenio anterior.

CONCLUSIONES

Como podemos ver las cifras dicen la realidad de la situación del País en materia de seguridad, la planeación es correcta, el problema es la forma en que se desempeña y las personas encargadas de desempeñarla. Para que haya un cambio debe haber una legislación que castigue severamente a los delincuentes que cometan delitos de alto impacto, debemos dejar a un lado la defensa de los derechos humanos del imputado y promover la defensa de los derechos de la víctima o ponerlos en una balanza, porque mientras las denuncias no lleven a un proceso penal efectivo, la delincuencia aumentara a pasos agigantados.

Para esto se requiere una reforma urgente al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública y a los tratados Internacionales, ya que en nuestro país existe un respeto nulo por la autoridad y con un sistema benevolente con los criminales. Estamos siendo destinados a una sociedad anárquica en la que cada quien defenderá sus intereses y la sociedad terminará por tomar la justicia en sus propias manos.

REFERENCIAS

• Ángel, Arturo. (2017). El 2017 tiene el arranque más violento del que haya registro; homicidios aumentaron en 25 estados. Obtenido el día 30 de julio de 2017 de: http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-homicidios/
• Sin Embargo. (2017). La sangre corre: en enero de 2017, los homicidios aumentaron 34.39% respecto al mismo mes de 2016. Obtenido el día 30 de julio de 2017 de: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157387
• Sin embargo.  (2016). Suman 65 mil 209 homicidios dolosos a medio sexenio de EPN. Obtenido el día 30 de julio de 2017 de: http://www.sinembargo.mx/25-01-2016/1606331
• El Sol del México. (2017). Gobierno federal cerró el 2016 con 23 mil homicidios. Obtenido el día 30 de julio de 2017 de: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/599763-enero-de-2017-el-inicio-de-ano-mas-violento-con-2-mil-152-homicidios-dolosos

[1] La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma distinta a las anteriores (como Carter ismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).

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Sobre el Autor: 

OTTO RAUL VILLA DEL TORO SPINDOLA

ORIGINARIO DE MORELIA MICHOACÁN

CURSANDO LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.